Podemos y la refundación del PSOE

Últimamente estoy adquiriendo cierto complejo de oráculo político, por la mucha gente que me pregunta acerca de temas de actualidad, y, en especial, acerca de mi visión de la incipiente formación política “Podemos”. Por supuesto que estoy agradecido a la gente que confía en mi criterio, o que siente curiosidad por conocer mi opinión, y por ello me he planteado escribir esta entrada en mi blog. Pero, inmediatamente después de este agradecimiento, debo advertir que mi visión no siempre es amable o complaciente con las posiciones de quienes se interesan por ella, lo que me expone a riesgos que asumo, aunque a regañadientes, en aras a mi independencia intelectual, a la que creo deberme por encima de todas las cosas.

Al grano. Vengo observando la evolución política de mi entorno (en todas las escalas) desde una posición que conviene explicar, no solo para los que no me conocen, sino, sobre todo, para los que creen conocerme. Soy militante del PSOE, y me siento tan cómodo perteneciendo a esta organización que representa históricamente los anhelos de modernización del país, como frustrado por observar como la ejecutoria reciente de mi partido lo inhabilita como instrumento de la sociedad para avanzar hacia los fines que lo legitiman.

Desde esta perspectiva, vengo asistiendo a las “novedades” del panorama político con expectación, puesto que todo elemento nuevo puede abrir oportunidades para avanzar en el proyecto político estratégico que todo progresista de nuestro país debería reconocer.

Precisamente la actitud crítica hacia mi organización me permite identificar cuáles serían los elementos de novedad necesarios para avanzar en los objetivos de ese proyecto.

En primer lugar, convendría reconocer que el objetivo político básico, esencial, irrenunciable, y actualmente en falta, en nuestro país, es la formación de ciudadanos. Sin el empeño en ese propósito, ninguna organización debería merecer el calificativo de “política”. El fomento de los espacios de participación democrática, la gestión de los procesos complejos para que los ciudadanos puedan ser copartícipes de experiencias de éxito, la promoción de actitudes de empoderamiento real, constituyen elementos fundamentales de la política democrática en la actualidad absolutamente desatendidos por los partidos mal llamados políticos, incluido el mío. La ciudadanía es la primera institución democrática, sin la que nada democrático puede construirse.

En segundo lugar, es fundamental devolver el campo semántico de la “política” a la sociedad, y separarlo de todo lo que signifique el ejercicio de funciones delegadas (de gestión, de legislación, de supervisión…). El control democrático de esas funciones delegadas no existe si no es a través de una sociedad empoderada, dueña de la política. La confusión, tan nuestra, entre política y poder, nos condena a la dispersión y a la dependencia. La ruptura de esta confusión es la clave para la formación de ciudadanos. No se avanza en este proceso presentándose a las elecciones y obteniendo votos huecos, sino trabajando en la base social, creando estructuras políticas ciudadanas, fomentando la articulación social y la cohesión en torno a principios, valores y proyectos estratégicos. Los votos que se obtengan a partir de ese trabajo de base estarán, como el arma poética de Gabriel Celaya, cargados de futuro. La política democrática es el antídoto de la deriva oligárquica del poder.

En tercer lugar, el liderazgo debe desplazarse de las personas a los proyectos. Son los propósitos y su gestión los que generan liderazgos, no la fotogenia o la mercadotecnia. Una buena agenda de proyectos es el bagaje de la política democrática progresista. Es la elaboración e implementación de esos proyectos la que tiene capacidad de movilizar, de proporcionar experiencias creativas y estimulantes, la que debe permitir la promoción de nuevos liderazgos y la reafirmación del ejercicio de ciudadanía. El ejercicio político de los ciudadanos genera liderazgos colectivos, liderazgos de proyecto.

Estos tres propósitos vienen, lógicamente, de un diagnóstico de la situación. Mi diagnóstico, tan minoritario que casi lo calificaría de “inédito” es que el fracaso de nuestra transición desde un régimen dictatorial a uno democrático se evidencia en la incapacidad que hemos tenido entre todos de fomentar un posicionamiento ciudadano: no hemos facilitado para la población el entendimiento de cuáles son las claves para relacionarse con el poder en un ambiente democrático. Hemos preferido concurrir al mercado electoral dando por buena la actitud de los electores que recordarles lo mucho que tendrían que trabajar cada uno de ellos para jugar el papel correspondiente en una sociedad avanzada. Este es un fracaso del sistema político, pero, sobre todo y ante todo, es un fracaso colectivo en el que todos tenemos responsabilidades.

Ante esta evidencia caben, básicamente, dos posiciones: creer que esto solo se puede cambiar desde las instituciones públicas, es decir, previo asalto al poder, o creer que esto solo puede cambiarse desde la acción política de base, es decir, mediante el fomento práctico de la cultura democrática. Esto plantea un tema clásico en la izquierda española, que ha resuelto el dilema universal de si el objeto de la política es el acceso a los centros de decisión o el cambio social mediante un posicionamiento “pragmático”: las sociedades solo se cambian desde los boletines oficiales. Posiblemente sea así en sociedades maduras, compuestas por ciudadanos responsables, pero la mezcla de ese supuesto pragmatismo con nuestra inmadurez crónica acaba constituyendo un proyecto colectivo fallido, una democracia hueca.

Como imagino que a estas alturas este discurso les parece “extraterrestre”, voy a intentar reconectarlo con algunas cuestiones de actualidad.

Lo que corresponde con una situación presidida por la oquedad institucional y la proliferación de estructuras escénicas es creer que la política, lejos de ser un atributo de la realidad, pertenece al mundo del espectáculo. La entendemos, y convivimos con ella, como si fuera una teleserie, en la que, además, nos damos el lujo de intervenir en el desenlace (las elecciones), único momento en que ficción y realidad parecen darse la mano; eso sí, en forma de ritual (la votación).

La aparición de Podemos supone un novedad, en tanto que parece haber un guionista de nuestra teleserie que tiene capacidad de introducir nuevos elementos sin que medie nuestra decisión electoral. Este guionista es la quiebra de la confianza en un “contrato social” no explícito, que ha articulado nuestra convivencia desde la transición: la promesa de que el esfuerzo, el trabajo y el talento tendrían recompensa social. Cuando la situación de dificultad económica nos ha expuesto en nuestras miserias, y ha dejado palmariamente de manifiesto que ese contrato era tan hueco como todo lo demás, una parte de la sociedad, trabajadores y clases medias empobrecidas, ha dirigido su mirada hacia la política buscando causa y remedio de esta situación. La causa la han encontrado: un sistema político entregado a las oligarquías, tolerante con los abusos de los poderosos y poco sensible al sufrimiento de los débiles. Y andan buscando remedio, y ahí es donde tiene sentido el surgimiento y aparente fulgor de Podemos.

Lo curioso del asunto es que la deriva oligárquica del sistema político es una consecuencia directa del absentismo de la política democrática de estos sectores sociales que ahora se sienten traicionados y deciden irrumpir desairadamente en una escena política a cuya oquedad tanto han contribuido con su pasividad anterior.

¿Porqué no han optado por habitar las estructuras democráticas y gobernarlas hacia la virtud, en vez de contribuir a su deterioro con una autoexclusión que ahora se torna irrupción abrupta (superación del régimen del 78, nuevo proceso constituyente…)?

¿El régimen es perverso por su diseño o por la deriva oligárquica producida por la oquedad de sus instituciones, por el absentismo ciudadano de la vida política?

¿Cambiando el diseño del régimen obtendremos ciudadanos comprometidos y responsables, o ni siquiera serán necesarios porque la virtud estará en el diseño del nuevo régimen?

Los que militamos en una organización política como el PSOE desde una perspectiva progresista radical, como una expresión de nuestro compromiso ciudadano, hemos visto con impotencia como nuestra organización iba siendo absorbida por una oligarquía interna poco respetuosa con el juego democrático, reduciendo a la marginalidad a aquellos que cuestionábamos críticamente los “dogmas” recientes en torno a los que se creaban los liderazgos (ganar elecciones como única finalidad de la acción política). Al tiempo que asumíamos nuestra marginalidad interna, veíamos como nuestra militancia era despreciada y ridiculizada por una sociedad predemocrática o tardofeudal, que no concibe el compromiso y la necesidad de habitar los espacios democráticos. Muchos hemos intuido que nuestra posición en nuestro partido era marginal solo en la medida del absentismo de todos los progresistas que permanecían ajenos a la dinámica política de los partidos y degustaban la política como espectáculo, a través de los medios. Son los mismos que ahora nos acusan de ser una casta y nos desprecian como los causantes de nuestros problemas sociales,  y que han decidido que la nueva forma de hacer política consiste en que les votemos. ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité?

La cuestión es que, de una manera previsible, parte de la militancia crítica del PSOE se siente atraída por las formaciones políticas emergentes, y, desde luego, lo que ha sido el soporte social clásico de las opciones progresistas considera la posibilidad de apoyar a estos grupos, y, en especial, a tenor de las encuestas, a Podemos. Si a ello le añadimos que los dirigentes de Podemos han llegado a la conclusión de que para ganar elecciones hay que ser socialdemócratas, nos encontramos con un hecho singular, insólito, y muy interesante en nuestra escena política: Podemos es la refundación del PSOE.

Nunca he pensado en la política como espectáculo o perteneciente al mundo de la ficción, nunca me he considerado “hooligan” de ninguna sigla, y me considero solo vinculado por mis convicciones y por mi identidad intelectual. Me parece que la herramienta o plataforma política que se utiliza no es tan importante como tener una actitud crítica y no perder de vista los objetivos de una agenda política progresista a medida de las necesidades del país. Toda mi comprensión para quienes en la búsqueda de ese propósito, lícito y necesario, toman la difícil decisión de abandonar la militancia en una organización y se comprometen en nuevas plataformas.

Pero a mí ya me pilla un poco mayor, y he decidido seguir trabajando en mi organización, el PSOE, e intentar fortalecerla en su dinámica democrática para que vuelva a ser útil a la sociedad en el inacabado proyecto de modernización del país.

La transición y sus secuelas (II)

Política, poder y virtud. Orígenes de la anomalía democrática española.

Uno de los subproductos más característicos de nuestra transición, a mi juicio, mal llamada “política”, es, precisamente, el vaciamiento del campo semántico del término “política”, y su posterior relleno con fragmentos de significado como “perversión”, “corrupción”, “ambición”, más propios del campo semántico del “poder”. En términos lingüísticos, estamos ante la inauguración de un falso sinónimo. Confundimos la política con el poder, y eso nos impide entender la política democrática en una de sus dimensiones características, precisamente la de ser el antídoto ante los abusos del poder.

Estamos utilizando el nombre del remedio (la política) para referirnos a la enfermedad (la deriva oligárquica del poder). El resultado: estamos enfermos sin remedio.

Podemos polemizar sobre si nuestra transición merece el apellido de “política”. Si tendemos a confundir política con poder, seguramente nos parecerá acertada la adjetivación, puesto que lo que se produjo fue una adaptación completa y sistemática de las estructuras de poder. Pero si tendemos a identificar la política como la actividad de los ciudadanos para buscar las mejores formas de organización colectiva, convendremos en que esta transición no merece el apellido de “política”.

¿Y los partidos? ¿Merecen el apellido de “políticos”?

Los ciudadanos no deberían pretender que la virtud colectiva sea una cosa distinta de la suma de las virtudes individuales. Esa exigencia de virtud no puede dirigirse exclusivamente a los que tienen responsabilidades públicas, como si la privacidad fuese una especie de impunidad. Si en el ámbito de lo privado seguimos tolerando conductas poco virtuosas, será inevitable que cuando uno de los “privados” llegue a la responsabilidad pública, tenga la tentación de seguir aplicando su lógica privada. Y no hay que olvidar que todos los responsables públicos son, en origen, privados.

Pero el desprecio a la “política” palidece ante el desprecio a los “políticos”. La creación de ese sujeto mayestático es una de las claves para entender la anomalía democrática española.

Se denomina con este término tanto al legislador como al miembro de un ejecutivo, sea este nacional, regional o local. Tanto a representantes electos como a gestores seleccionados –supuestamente- por su perfil profesional. Pero nunca se considera “político” a un líder social, ni a un activo miembro de una asociación, ni siquiera al militante de un partido. La línea que separa en ese imaginario a los “políticos” de los que no lo son es la dedicación y la retribución por una actividad pública no funcionarial, y, paralelamente, la capacidad de influir, positiva o negativamente, en nuestras vidas (el poder).

Respecto a la dedicación y retribución de los “políticos”, comúnmente se considera que “viven a nuestra costa”, y no que “trabajan para nosotros”. Sin embargo, no está cuestionada su retribución, puesto que esta es la condición para una enajenación de la responsabilidad. De hecho, un pacto tácito de la transición es: “ahora vivimos en una sociedad democrática, con libertades y responsabilidades. La asunción de responsabilidades es una pesada carga, por lo que os proponemos que la deleguéis en quienes van a encargarse de desempeñarla en vuestro nombre”. A esta propuesta tácita le acompaña uno de los eslóganes de este reciente periodo: “los políticos están (estamos) para resolver problemas, no para crearlos”. Sin embargo, y paradójicamente, en los últimos estudios demoscópicos, una gran parte de la sociedad española considera a los políticos como un problema. Me temo que ese mismo porcentaje es el de los que consideran que “no es mía la culpa”. Se puede concluir que la frustración con los “políticos” no apunta tanto una denuncia del mal funcionamiento del sistema de delegación de responsabilidades, sino una crítica a la forma en la que estas se atienden. Es decir, se sigue reclamando la virtud ajena.

El tema de la responsabilidad es crucial para entender este permanente infantilismo democrático de la sociedad española. También lo es la permanencia de elementos tardofeudales en la cultura popular de esa misma sociedad.

Ambas cosas pueden ser abordadas narrativamente a través de la noción de la resistencia al poder característica de la sociedad española de los últimos siglos.

El hecho de considerar la posibilidad de delegar la responsabilidad es ya un indicador de inmadurez democrática. Esa responsabilidad es de los ciudadanos, y es indelegable, y constituye el fundamento de la soberanía. Otra cosa es que se deleguen tareas, o el ejercicio práctico e instrumental de las funciones democráticas. Pero la responsabilidad no se puede delegar. Cuando se delega la responsabilidad, se renuncia a la ciudadanía.

Vamos a tomar riesgos, para formular una hipótesis acerca de nuestra anomalía democrática.

Podríamos definir nuestro sistema democrático como un sistema tardofeudal. A falta de una revolución burguesa fundacional, nuestra adaptación a la modernidad consiste en que los vasallos elegimos al señor feudal, pero le exigimos que lo sea. El señor feudal es el único responsable de todo lo que nos pasa. Cuando no nos gusta lo que nos pasa, cambiamos de señor feudal. Este es un sistema que asegura nuestra autoestima, puesto que nunca somos responsables de nada. Es más, nuestra autoestima se reafirma en la desafección y el distanciamiento respecto a los que ejercen nuestras responsabilidades, debidamente transferidas a ellos mediante el sufragio y/o la retribución. Algunos biempensantes consideran que la desafección es un riesgo para nuestro sistema político. Cabalmente considerado, no solo no es un riesgo, sino que es un indicador de su correcto funcionamiento. La finalidad de todo el sistema es que nadie se sienta responsable de nada de lo que nos afecta a todos. Los responsables son los políticos.

La censura a los políticos y la corrección vía electoral de los protagonistas del poder y la responsabilidad no contiene ningún compromiso ni apoyo concreto a ningún programa de gobierno. Los votantes no admitimos que haya nada objetivo externo a nuestro vínculo con los gobernantes, un vínculo intuitivo, voluble y diseñado como mecanismo de protección de nuestros intereses individuales. Cuando estos se ven vulnerados, se censura electoralmente a quienes han osado interferir en nuestra dinámica individual. Los responsables de los partidos políticos saben que nunca ganarán elecciones recordando antipáticas obligaciones colectivas o llamando a un rigor que nadie está individualmente dispuesto a asumir. Es más, saben que recabarán apoyos mayoritarios cuando alaben a los votantes, su madurez, su inteligencia, y disimulen en sus presentaciones públicas las cosas que saben que tendrán que hacer, pero que no caen simpáticas a los electores.

Todo el sistema descansa en un acuerdo tácito acerca de la imposibilidad de lo colectivo. Lo colectivo no existe. Especialmente no existe como moderador de los intereses individuales, que, de esta manera, se presentan en toda su virulencia y vigor.

Si tenemos la individualidad, institución básica y fundamental de la modernidad, y tenemos el sistema democrático representativo, su forma esencial de organización, ¿qué nos falta, en qué radica nuestra anomalía democrática?

Pues nos falta, precisamente, una ética colectiva que incorpore la responsabilidad a los atributos de nuestra individualidad. Tenemos que tener confianza en que colectivamente podemos enfrentarnos a problemas y debilidades, y superarlos. Esto implica tener confianza en el otro, en los otros. Esta confianza, actualmente en falta, no puede basarse en una fe filantrópica, sino en un acuerdo de bases éticas sobre obligaciones y responsabilidad individuales básicas para que funcione lo colectivo.

Esta es nuestra transición pendiente. Es una transición social, cultural y política, que hasta ahora nadie ha impulsado, y cuya carencia apunta directamente a los partidos políticos, y su incapacidad para formar ciudadanía. Se dirá que los partidos reflejan la sociedad de la que surgen. Así debe ser, puesto que no somos extraterrestres, pero los partidos, y sus militantes, también debemos ser ciudadanos y formadores de ciudadanos, desde una sensibilidad, perspectiva ideológica o preferencia estilística concretas, que no pueden permanecer indiferentes ante esta anomalía de nuestro funcionamiento democrático.



julio 2014

A propósito de la ampliación de elBulli

Legalidad y excelencia en el territorio

Reflexiones a propósito del debate sobre la ampliación de elBulli

La lectura en el periódico EL PAÍS (Revista Domingo 5 de octubre de 2014) del artículo “elBulli, patrimonio nacional” me ha facilitado una poderosa imagen para ilustrar algunas reflexiones sobre ordenación y desarrollo del territorio, que trascienden ampliamente el ámbito de la preocupación profesional. Esto es lo que me anima a hacerlas públicas.

Lo que resume estas reflexiones es la necesidad de reconocer la complejidad como uno de los atributos del territorio, y la incertidumbre como una constante en la toma de decisiones sobre su ordenación.

El carácter volátil, sutil y tornadizo del territorio, tan alejado de la dimensión físico-material que las legislaciones que regulan su ordenación le asignan, está en la base de la dificultad para su correcta articulación y conexión con las aspiraciones sociales.

Me cuento entre los que consideran que elBulli marca un hito en la modernización del país, que es un símbolo de nuestra creatividad, originalidad, talento, laboriosidad y sentido lúdico y hedonista de la vida. Una auténtica vía mediterránea a la modernidad: justo lo que, a mi humilde entender, necesitamos desde hace varios siglos. No sé si somos una mayoría o una minoría los que así pensamos, como tampoco sé si lo son los que combaten contra estos hitos, símbolos y vías. Pero sé que existen, y que el pensamiento castizo, que confunde la tradición con la incultura, suele cebarse en proyectos, personas o aptitudes que representan estos valores. Pero no es esta la cuestión.

Los que conocemos el ejercicio profesional  y la práctica institucional de la planificación territorial sabemos de la enorme capacidad de distorsión de las culturas territoriales que tienen los instrumentos de planificación, incluso con la mejor de las intenciones. Somos conscientes, además, de las grandes carencias que rodean estos procesos de planificación (conceptuales, metodológicas, instrumentales, y, sobre todo, carencias de complicidad social). Pero, lejos de sentirnos convocados a la humildad, con frecuencia nos convertimos en cómplices necesarios de un proceso de fosilización de los territorios, repugnante en sí mismo, y despreciable por las fricciones y conflictos que innecesariamente genera.

Nuestra técnica de planificación se basa en la zonificación (hay que saber con precisión cuál es el régimen jurídico aplicable a cada metro cuadrado de terreno); comúnmente, en la elaboración de un listado de usos y actividades compatibles e incompatibles para cada una de las zonas de ordenación, y, finalmente, en unos parámetros físicos que deben cumplir las actividades consideradas compatibles. El resultado de esa técnica de planificación es que es prácticamente imposible que un proyecto original, innovador y absolutamente coherente con cualquier estrategia de desarrollo territorial basada en la excelencia, pueda ser autorizado.

Hubo un tiempo en el que los planificadores, conscientes de las imperfecciones y rigideces que introduce en el territorio esta forma de planificación, incorporaban algunos elementos de flexibilidad. Con respecto a la zonificación, se salvaba su falta de precisión con preceptos del tipo “si en una finca o predio su naturaleza es distinta a la de la zona en la que está incluida, prevalecerá la condición real de la finca, siendo de aplicación la norma que mejor encaje con esa condición real”. Para dar flexibilidad al listado de usos y actividades compatibles, se solían añadir como autorizables “las actividades que sean declaradas de utilidad pública o interés social”.

La evidencia de que la tarea de reconocer la auténtica naturaleza de cada una de las fincas era titánica y el frecuente abuso de unas declaraciones de utilidad pública o interés social que nunca han estado bien reguladas, acabaron con estas fórmulas de flexibilidad que reflejaban la humildad de los planificadores o la conciencia de la debilidad de sus instrumentos, pero que la opinión pública acabó considerando puertas de entrada a la arbitrariedad o el abuso.

En los espacios protegidos,  los planificadores se sienten obligados a operar con una moral más restrictiva que en el resto del territorio. Pero con las mismas técnicas de planificación, lo que hace que los territorios sobre los que ha recaído cualquier declaración de protección resulten especialmente esclerotizados, fosilizados, hasta el punto de convertirse en extraños museos de sí mismos y de su creciente decrepitud.

Esta práctica planificadora, que es reciente, refleja una tradición más profunda, la legislativa, tan característica de nuestra cultura colectiva (política). El legislador opera con la certeza de que su producto va a ser bordeado o burlado no ya por la pequeña porción de delincuentes que toda sociedad alberga, sino por la sociedad en su conjunto. El resultado: una legislación tan prolija, desconfiada y esclerótica que no deja a los legislados otra posibilidad que intentar bordearla para poder continuar con su vida cotidiana. Un auténtico círculo vicioso, que tiene su origen en un tic premoderno que tan bien define lo que somos: nosotros, como sociedad, no tenemos conciencia de ser fundadores del poder. En consecuencia, no entendemos las leyes como instrumentos que emanan de nuestra voluntad de tener una vida digna, sino como designios de un poder exógeno que nos precede y nos sucederá.

¿Cómo se entiende, entonces, la invocación del cumplimiento de la norma (ley, decreto, plan…) para paralizar cualquier iniciativa que pueda plantearse en el territorio, con independencia de su idoneidad o incluso de su excelencia? Habrá que admitir, siquiera como hipótesis, que no creemos en la posibilidad de la excelencia, o, al menos, desconfiamos de ella. Además, y esto es determinante: no hay un mínimo acuerdo social sobre las condiciones que algo debe cumplir para ser considerado excelente. En realidad, no hay un mínimo acuerdo social sobre casi nada, porque todos preferimos una “navegación” libérrima por la manga ancha que reconocer el canal de navegación a que nos obliga nuestra vida en comunidad.

No creer en la posibilidad de la excelencia es la condición para un pacto tácito por la mediocridad, que, hablando de posicionamiento social ante el territorio, consiste en el desprecio por la música (la búsqueda de la excelencia territorial) y la exaltación del instrumento (el plan o cualquier otra herramienta de ordenación).

Renunciamos a los riesgos de la búsqueda de la excelencia por una garantía tenue de que nadie va a engañarnos. Cuando algo es ilegal, se le considera perverso. ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal? Sin embargo, habremos de admitir que la legalidad no es el camino hacia la excelencia, sino un marco de garantías para evitar abusos.

¿Alcanzaremos alguna vez la madurez suficiente para entender que la búsqueda de la excelencia no solo es posible, sino que es una obligación esencial, constituyente de nuestra condición social, de nuestra condición de hacedores de territorios, y que no deberíamos admitir que se promulguen normas que la hagan imposible?

¿Entenderemos alguna vez que la actitud sana ante el riesgo o la incertidumbre en la decisión territorial no es el blindaje de la norma, sino la socialización de esa decisión, y de sus riesgos e incertidumbres?

¿Seremos capaces de articular mecanismos para hacer eficaz la vigilancia social ante los abusos sin someter al territorio a una odiosa congelación?

El nivel de excelencia de Ferrá y Soler y de su marca elBulli les sitúa fuera de las fricciones del mapa: podrían ponerse donde quisieran, de forma que su éxito no va a depender de su ubicación. Así lo atestiguan las numerosas ofertas para el emplazamiento de su proyecto. El hecho de que sus promotores tengan preferencia por su ubicación original no cabe achacarlo a que cuenten con la propiedad de la finca, sino a evidentes motivos simbólicos y sentimentales. En todo caso, no es eso lo que debería conmovernos (movernos entre nosotros y con ellos). Lo que debería movilizarnos es la evidencia de que el prestigio, excelencia e incorporación de valor al territorio que el desarrollo de este proyecto produciría es un interés estratégico, colectivo, y que los riesgos de desbordamiento de la afluencia son, simplemente, un reto de gestión normal y propio de cualquier territorio, con las especiales connotaciones de un espacio protegido, al que los gestores de ese territorio deberán atender.

Bajando la escala, hay que admitir que no toda edificación es un impacto paisajístico, ni siquiera que ese impacto dependa del porcentaje de aumento de techo sobre el existente, sino de condiciones de calidad proyectual, que en parajes como el que nos ocupa remiten al resultado paisajístico. Esa condición de calidad no se consigue con el cumplimiento de los parámetros físicos de la ordenanza o zonificación, que, en el mejor de los casos, garantizarían que no se construyeran bodrios fuera de escala, sino con oficio, con compromiso, con sensibilidad, es decir, con excelencia. De nuevo la legalidad y la excelencia.

Una visión simple del efecto de las normas señalaría que, puesto que su finalidad es separar lo que se puede de lo que no se puede hacer, cualquier cosa que quede fuera de lo autorizado es despreciable, odiosa o sospechosa. La realidad es un poco más compleja. Los parámetros de la norma señalan un umbral de tolerancia que pretende regular una serie de usos, actividades e intensidades, que por efecto de esa norma consideramos “normales”. Lo que queda fuera de ese umbral de normalidad no es una sola anormalidad, sino dos anormalidades diferentes y opuestas. Por uno de sus lados,  los usos abusivos o inadmisibles; por el otro, los usos excelentes. Al perseguir el abuso, prohíbe la excelencia.

Volviendo a nuestro caso, la rigidez de nuestro ordenamiento territorial obliga a que la Generalitat tenga que promulgar una ley específica para dar cobertura legal a este proyecto. Esto es tan aparatoso que, inevitablemente, mueve al recelo.

Lo que deberíamos exigir al legislador o al planificador es que elabore instrumentos que nos libren de los abusos inadmisibles, pero que hagan posibles, con las garantías necesarias, los usos excelentes. Y aquí es donde aparece la cuestión central, solo aparentemente técnica: ¿quiénes y cómo deben valorar la excelencia o singularidad de una iniciativa o proyecto para admitirlos aunque no entren dentro del umbral normativo?

Se me ocurren múltiples y diversas soluciones, desde las más tecnocráticas a las más democráticas, pero creo que mi obligación se cumple señalando que en el enfrentamiento a esta pregunta, y no en su respuesta, está la posibilidad de la madurez ciudadana: los riesgos y las incertidumbres de las decisiones territoriales nos pertenecen, y tenemos que asumirlos. En su complejidad.

Esto sería lo normal en una sociedad democrática y avanzada. El que no sea así en nuestro país indicaría que no somos tan democráticos o tan avanzados como nos gusta creer. Pero la cuestión es que esas sociedades envidiables no lo son por un designio de la divina providencia, ni por obra de ningún azar, sino, precisamente, porque se han enfrentado a complejas disyuntivas aceptándolas como propias, y no han dejado que nadie las usurpe alegando su complejidad.

Octubre 2014

La transición y sus secuelas (I)

La oquedad institucional

Tengo suficiente edad para recordar los días del referéndum constitucional de 1978. Y recuerdo especialmente mi estupor al considerar cómo podríamos convivir en una sociedad democrática con la misma población que había mostrado hasta ese momento tan poco apego a la libertad y a la responsabilidad. En estos tiempos abundan los analistas que concluyen que aquella transición, que superó innumerables dificultades y que dio ejemplo de pragmatismo y buen sentido, se limitó a la superestructura jurídico-administrativa, y que tenemos aún pendiente la transición social y cultural. Puedo contarme entre esos analistas.

Por sorprendente que parezca, casi cuarenta años después, seguimos contando con la misma debilidad. El resultado de este proceso de construcción de una sociedad democrática con un fundamento en falta –la ciudadanía-, es lo que aquí denomino oquedad institucional. Forma parte de nuestro escenario, y hay que considerarlo necesariamente para nuestras estrategias de desarrollo territorial.

He ido descubriendo pistas de esa oquedad con frecuencia. En general, es la expresión institucional de un aligeramiento, de una levedad que parece consagrar el parecer sobre el ser. Nuestra inconsistencia, nuestra inmadurez, junto con cierta gracia escénica, explica que hayamos construido una apariencia de normalidad democrática sin haber puesto ni un solo cimiento para dar solidez al montaje.

Mi primera revelación se produjo, como casi todas las demás, en el contexto de mi experiencia profesional. Fue a propósito de los Planes Especiales de Protección del Medio Físico, que se elaboraron para cada una de las ocho provincias andaluzas. Nunca he dudado de la conveniencia ni oportunidad de acometer ese proceso de planificación, pero he tenido que convivir con esos instrumentos durante muchos años, lo que me ha permitido conocer en profundidad su inconsistencia metodológica, la pobreza de medios empleados en su elaboración, sus deficiencias instrumentales, y la dificultad con la que convivían con otras formas más elaboradas de nuestro sistema de planificación territorial. Pero una vez aprobados, estos Planes se convirtieron en un dogma inexorable, que no podía ser cuestionado ni siquiera por formas alternativas y más elaboradas de conseguir sus mismos propósitos. Y, al mismo tiempo, especialmente cuando se elaboraba planeamiento urbanístico municipal, se echaba en falta un marco de referencia que identificara los valores físicos del territorio que el crecimiento urbano no debería perturbar. Eso me permitió sugerir en algunos debates, para sorpresa de los asistentes, que necesitaríamos unos Planes de Protección del Medio Físico, de amplia escala, para facilitar la elaboración de las normas urbanísticas de los municipios. Se me contestó: ya los tenemos. Y tuve que argumentar que lo que teníamos era un problema serio. El instrumento de planificación había adquirido autonomía respecto a sus propósitos, no resolvía ningún problema y había creado uno de nuevo cuño: su existencia impedía que se pudiera reclamar el cumplimiento de sus principios inspiradores.

Habíamos creado una apariencia hueca. Para mantener la apariencia, y que no se apreciara su oquedad, había que dar rigidez y solidez al armazón epidérmico que suplantaba a lo que realmente necesitábamos y que nunca tuvimos. Además, nunca más podríamos reclamarlo.

Muy pronto, descubrí que esto no era un problema exclusivo de esos humildes instrumentos de planificación, sino que ponía de manifiesto un contexto generalizado de institucionalidad hueca, tramposa, que impedía el cumplimiento de las promesas fundacionales de una sociedad supuestamente democrática, puesto que cada creación institucional secuestraba los principios y objetivos que se perseguían, los “motivos”, y, con frecuencia, también los valores invocados, haciéndolos imposibles.

Leyes, Reglamentos, Planes, Fundaciones, Asociaciones, Partidos, Entidades Públicas, Agencias, Administraciones de diversa naturaleza y escala de intervención: un complejísimo y caro sistema institucional hueco, que no solo no facilitaba la consecución de los objetivos democráticos, constitucionales, sino que la impedía de una manera sutil pero inexorable.

Así, tuve ocasión de proponer en distintos foros de desarrollo provincial la conveniencia de fundar una Universidad en Almería, cuando era notoria su existencia desde hacía décadas. Propuse también que el Plan Especial del Centro Histórico de Almería se denominara “Plan Especial de Protección del Centro Histórico y Reforma Interior del Ayuntamiento”. En un foro de debate promovido por la Autoridad Portuaria, sobre el Plan Especial del Puerto, que proponía una terminal de contenedores, pregunté inocentemente qué iban a contener los contenedores, y no volví a ser invitado. Ahora sospecho que esa terminal de contenedores tiene más que ver con las necesidades de despliegue militar de la base de Viator.

También participé en una reunión de expertos sobre el PITA, donde se presentaba y, supuestamente debatía, su proyecto de urbanización. Expuse que no entendía por qué había que hacer un polígono para estimular la innovación y la tecnología en Almería: me parecía más barato y eficaz crear una red virtual de colaboración entre empresas, centros públicos de investigación y profesionales. Si la institución promotora tenía que tener una sede, se me ocurrían sitios mucho más significativos, atractivos y simbólicos de albergarla. Tampoco entendía por qué la innovación y la tecnología tenían que situarse junto a un enlace de la Autovía, en un “no lugar” urbano, y quitando espacio a las actividades de logística y distribución, que eran las que naturalmente demandarían un emplazamiento de esas características. Ignoro si ese grupo de expertos volvió a reunirse. Lo que sí sé es que no volví a ser invitado.

Pero no hay que hacer arqueología. En este mismo foro de debate, y ante la insistencia de varios foreros, entre los que me cuento, en apuntar a la falta de ciudadanos como uno de nuestros rasgos de mayor debilidad, se planteó la cuestión de quién podría asesorarnos sobre procesos de construcción de ciudadanía. La prudencia me aconsejó no hacer en ese momento una de mis características propuestas, que suelen preceder a mi abandono del foro. Pero no tengo inconveniente en hacerla ahora: creo que deberíamos crear una cosa, que podría tener el nombre de partido político, donde se hiciera posible ese espacio de creación de ciudadanía.

Y, sin embargo, a pesar de esta oquedad institucional, que nos dificulta conseguir nuestros objetivos, al secuestrarlos para legitimar su propia creación, aquí estamos, y el mero estar supone una reivindicación de la esperanza. Supone que podemos construir aquello que falta, el material para rellenar los huecos de unas instituciones escénicas para convertirlas en lo que debieron ser desde el principio: instrumentos que nos permitan avanzar en nuestros objetivos, que sean la piel de nuestra alma, el alma democrática. 

Junio 2014