Mayestático

Este pasado verano, una joven amiga introdujo en una conversación de terraza de tintes políticos, con la vehemencia propia de la edad, una noción que no era ni mucho menos nueva, pero que me permitió entender algunas cosas e, inevitablemente, observar antiguas certezas desde una  perspectiva distinta. Su pronunciamiento era muy claro: ella iba a votar contra el bipartidismo.
Con la amabilidad que el contexto aconsejaba, le insinué que el bipartidismo no existía, que era uno de esos trucos narrativos que hacen fortuna, pero que se refería a algo inexistente. En ninguna de las convocatorias electorales que recuerdo se ha podido votar a más de un partido. De manera que en ningún caso se ha votado bipartidismo si o bipartidismo no, en especial porque el bipartidismo no es una opción política, sino un recurso literario para referirse a una situación en que los bloques ideológico-simbólico-identitarios aparecen nucleados en torno a dos grandes iconos, monopolizados por formaciones políticas.
Sin embargo, los medios de comunicación, siempre prestos a suministrar materiales simplificadores, no paraban de ofrecer datos comparativos acerca del porcentaje de votos totales que captaba el “bipartidismo”, y su evolución decreciente. El “fin del bipartidismo” era la formulación épica para referirse a esta gran fabulación.
Mientras escribo estas líneas (25 de enero), oigo en la radio una referencia demoscópica acerca de que la población española es mayoritariamente partidaria de que no se repitan las elecciones. Sin embargo, el resultado agregado de las voluntades individuales de los electores es el que ha creado una aritmética que hace bastante probable ese escenario, no deseado, si atendemos a los datos de esa encuesta.
La interpretación, reiterada ad nauseam, de lo que ha expresado el pueblo a través de las urnas, sospechosamente coincidente con los intereses previos del augur, nos pone sobre la pista de una debilidad, que podemos considerar característica de nuestra cultura política y democrática. Es una confusión mayestática, que expresa con inquietante contundencia una de nuestras dificultades: nos, el pueblo. Tendemos a intentar entender la voluntad colectiva (que, en sí misma no existe sino como espejismo estadístico), a través de la personalización o cosificación de los comportamientos sociales. “Lo que ha dicho la sociedad española…” o “lo que han dicho las urnas…”.
Era de esperar. Uno de los mantras preelectorales, también de bastante éxito consiste en una reclamación a los partidos para que aclararan su estrategia de pactos antes de la jornada electoral. Si tenemos en cuenta que la eventual necesidad de pactar es una consecuencia del resultado, es decir, de la agregación de las voluntades individuales de los votantes, parece de todo punto extemporánea esa insistente reclamación. ¿Cómo va a fijar una formación política esa supuesta estrategia de pactos antes de saber qué resultado va a producirse?. Evidentemente, todos tienden a fidelizar a su clientela con el tópico deportivo de “salir a ganar”. Y cabe interpretar que es lo que cabalmente quieren, y es, precisamente, el resultado agregado de las voluntades de los votantes el que lo hace imposible.
Según parece, hay cierto acuerdo acerca de que lo que han dicho las urnas es que hay que dialogar y pactar. De nuevo el plural mayestático. Es increíble que alguien piense que cuando un votante vota a un partido, lo hace exigiéndole que relativice su oferta, puesto que se le va a primar su capacidad de pacto o acuerdo, en el que inevitablemente se producirán fracturas en el relato electoral de ese partido. La consecuencia: a los líderes políticos les encantan los proyectos de pacto que refuerzan sus posturas previas, mientras que descalifican con una obscena contundencia cualquier otro que les aleje de los núcleos de poder.
Precisamente estamos en ese punto. La traducción institucional de las voluntades individuales de los votantes es mediada, no directa. Sería imposible que lo fuera. Las reiteradas críticas a la legislación electoral, justificada en algunos casos especialmente llamativos, no puede olvidar que es esa legislación (o cualquier otra que la sustituya) una de las principales herramientas para traducir voluntades individuales de los votantes en conformaciones institucionales.
Es también en estos tiempos previos a la investidura cuando queda más de manifiesto cual es el espacio de responsabilidad de los “políticos”, puesto que su tarea sería contribuir a una traducción funcional de los resultados electorales en agendas institucionales que tengan sentido.
Cuando esos actores políticos repiten con insistencia que los ciudadanos no entenderían que no sean capaces de formar gobierno, y que su obligación es resolver problemas,  y no crearlos, puesto que es para lo que le pagamos, sus afirmaciones rezuman pragmatismo, soberbia y maniobrerismo, y no permiten alentar demasiadas esperanzas de que hayan entendido la auténtica naturaleza de la cuestión.
Cuando, en cambio, se invoca un supuesto interés de los españoles (de nuevo el plural mayestático) como clave para ordenar las posturas de los partidos, de cara a crear condiciones para la gobernabilidad, lo que rezuma esa invocación es una mezcla de ingenuidad y cinismo. Es más que evidente, con estos resultados electorales y con cualesquiera otros, que no hay un único interés de los españoles, sino intereses contrapuestos, en conflicto y en mutación. Los intereses de conciliación, los que deben estar por encima de las aspiraciones de las agendas de gestión, son los constitucionales, los actuales o los que decidamos en ejercicio de nuestra soberanía. La acción de gobierno, en cambio, se refiere a asignaciones concretas de recursos en el tiempo, acción característica de la gestión y la administración.
No estaría de más que recordáramos que lo que votamos en unas elecciones generales es la configuración de las cámaras parlamentarias. A esas cámaras, con el procedimiento establecido, les corresponden dos funciones cruciales pero no idénticas: gestionar el marco jurídico del estado de derecho (actualización de las leyes, promoción legislativa, modificación e innovación de leyes, reglamentos e iniciativas parlamentarias), y generar mayorías de apoyo a la acción de gobierno (la administración y gestión de los recursos durante un periodo de legislatura). La confusión entre ambas consecuencias de la consulta electoral (sistemática y desesperante entre políticos, politólogos, analistas, tertulianos y periodistas especializados) genera un caldo de cultivo que explica la creciente incomprensión y desesperación de los ciudadanos, que consideran haber cumplido con su obligación como votantes y observan una gran dificultad por parte de los responsables para traducir el agregado de voluntades en un marco institucional viable.
En el centro de esa confusión están nociones como “el partido que ha ganado las elecciones”, o “pacto de perdedores”, como si las elecciones se convocaran para formar gobierno y no para configurar las cámaras legislativas.
El panorama se complica más cuando advertimos que la coyuntura política está caracterizada por un cuestionamiento significativo de algunos de los elementos centrales de nuestro marco constitucional, y, en consecuencia, de nuestra convivencia. Singularmente, el empuje del independentismo en Cataluña y la desafección de una parte significativa de la población española respecto al marco institucional del país, y, muy especialmente, respecto al reparto de cargas de la mala situación económica, suponen llamadas de atención que parecen apuntar a la necesidad de reforma del marco constitucional. Esta redefinición o reforma resulta ser sumamente dificultosa  si atendemos a los resultados electorales. De ahí la invocada minoría de bloqueo que exhibe el PP dentro de su argumentario (más de 117 diputados, que suponen un tercio del Congreso de los diputados), o su mayoría en la cámara alta.
Habría que distinguir, en consecuencia, dos niveles de la cuestión.
La reforma constitucional, y la incorporación de diferentes –y confrontadas- visiones sobre aspectos cruciales de nuestra convivencia requiere amplios acuerdos, y una cultura ciudadana e institucional cuya inexistencia queda patente en el día a día, lo que apunta a la necesidad de crearla como condición de futuro.
La formación de gobierno tiene también sus dificultades, y no es la menor el hecho de que la creación de esa cultura ciudadana e institucional que permita gestionar el marco de convivencia entre los ciudadanos soberanos aparece en la agenda de gestión con tanta urgencia como frenar los desahucios, evitar la pobreza energética o combatir la desigualdad.
Estos tiempos preinvestidura nos permiten observar dos rasgos preocupantes: la incapacidad para distinguir estos dos niveles, o el deliberado intento de confundirlos como parte del argumentario de unas instituciones –los partidos- que aparecen lastrados por una práctica de ordenación de acceso al poder; y una abrumadora inexperiencia en crear proyectos que permitan la cohesión y la articulación social.
Y ¿qué hay en el centro de ese deliberado intento de confusión? El plural mayestático.

La trilogía del Fraile (II)

Que el cortijo del Fraile nos salve

Desde mi enraizamiento en el sureste nijareño, allá por mis años de juventud, he tenido siempre al Cortijo del Fraile como uno de esos sitios magnéticos, cargados de significado: un icono. Como es la mirada la que hace al símbolo, la capacidad narrativa del icono ha ido evolucionando, en paralelo a su decrepitud física, a medida que mi mirada iba revisitándolo.

En estos tiempos, ya en edad provecta, se me ha brindado la oportunidad de participar en una reflexión colectiva sobre el Cortijo del Fraile, enriquecedora, y que me ha permitido madurar mi visión sobre este elemento destacado de nuestro patrimonio, y, por extensión, sobre el papel que debe cumplir el patrimonio en una sociedad como la nuestra.

En el verano de 2004 elaboré un calendario sobre el Cortijo, en el que analizaba su fuerza simbólica, y concluía que era, sobre todo, el símbolo de la incapacidad institucional de una sociedad. Quiero retomar ahora ese hilo argumental.

En las últimas décadas, ha cristalizado una actitud reivindicativa por parte de sectores sociales, especialmente concienciados y sensibles con el valor de este elemento patrimonial. Los medios de comunicación se han hecho eco de esas reivindicaciones, y esto ha generado una conciencia social difusa de alineamiento con esta reivindicación: salvemos el Cortijo del Fraile.

Cuando el Cortijo sale en cualquier conversación, es inevitable que aparezcan los términos “pena”, “cae”, “de quien es la culpa”, “demasiado tarde”.

Mi convivencia con estas sensibilidades sociales, a las que pertenezco, me ha permitido diseccionar la condición narrativa de ese posicionamiento reivindicativo. Estos son los elementos textuales del relato.

-          El Cortijo del Fraile es valioso, por sus aspectos etnográficos, paisajísticos, arquitectónicos, y por su simbolismo lorquiano.

-          Estos valores están en riesgo por su deterioro físico, material.

-          Es necesaria una intervención pública para adquirirlo y arreglarlo.

-          Una vez recuperado arquitectónicamente, se pueden desarrollar en él múltiples actividades, tanto públicas como privadas, que tendrán asegurada su rentabilidad por el propio valor del icono.

-          Si esta secuencia no se produce es por la incapacidad política, que prefiere la confrontación con el otro antes que enfrentarse a su responsabilidad.

Y estos otros son los elementos implícitos, no menos importantes.

-          El Cortijo (por extensión, el patrimonio), tiene valor por sí mismo, que es apreciado por especialistas, gentes de la cultura y/o con formación y sensibilidad suficientes.

-          El deber social de estos colectivos concienciados y sensibles es exigir y reivindicar para que los decisores públicos se comprometan con las intervenciones necesarias.

-          El que estos decisores no vean la rentabilidad social y económica de esas intervenciones habla de su falta de documentación y de su incapacidad.

-          Tenemos de todo (apoyo social, capacidad intelectual y cultural para inspirar las intervenciones, capacidad técnica para desarrollarlas, capacidad gerencial para asegurar el éxito de la operación); solo nos falta el dinero, y no lo tenemos porque los que tienen que tomar la decisión no están a la altura de las circunstancias.

-          Nuestro drama colectivo es que nuestros políticos no son capaces de responder al “clamor” social, y son, definitivamente, el único obstáculo para la salvación del Cortijo.

Cuando me acerqué desde una nueva perspectiva a la situación del Cortijo, en el seno del Grupo de Trabajo de la Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, empecé a sospechar que estas certezas, tan instaladas como complacientes, eran parte del problema, y explicaban en gran medida el estancamiento de la situación, su falta de perspectivas de superación.

Así, comencé a trabajar con algunas hipótesis heterodoxas (en mi línea). Las cosas que puse en duda:

-          Que hubiera una identificación clara de los valores del cortijo y su entorno, y que hubiera acuerdo sobre esos valores.

-          Que hubiera tanto apoyo social como implícitamente proponía el relato reivindicativo dominante.

-          Que el deterioro del cortijo fuera solamente físico, y que, en consecuencia, las intervenciones deberían ser materiales y de reconstrucción.

-          Que la adquisición fuera un paso ineludible y previo.

-          Que cualquier actividad que se desarrollara en el cortijo reconstruido sería exitosa y positiva, y que sabríamos gestionarla con éxito.

-          Que la pelota estuviera exclusivamente en el tejado de las Administraciones Públicas.

Como consecuencia de ese cuestionamiento, estuve en condiciones de proponer un relato alternativo, que considero pertinente, y que expongo brevemente, en la confianza de que pueda contribuir a remover certezas y a abrir espacios para un nuevo planteamiento de acción sobre el cortijo, y, de nuevo por extensión, sobre nuestro patrimonio.

1.- No tenemos suficientemente documentados todos los elementos históricos, funcionales, artísticos y simbólicos del cortijo. Por eso resultan tan expansivos los componentes míticos, como su vinculación lorquiana, a mi entender muy interesante como elemento de posicionamiento y de marketing, pero secundaria respecto a las cosas que este bien cultural puede contarnos.

2.- El deterioro físico del cortijo es una perfecta metáfora del deterioro cultural de nuestra sociedad, de la dificultad para reencontrarse con su memoria y con su identidad, lo que la lastra para enfrentar proyectos de futuro y de modernidad. Ese déficit identitario dificulta la identificación e impulso de proyectos colectivos, y nos condena a una estructura social dual, desarraigada y extrañada; carente, precisamente, de oportunidades para un reencuentro con su identidad.

3.- El auténtico valor de los elementos patrimoniales no radica en los aspectos ponderados por los especialistas, sino en su capacidad potencial para ofrecer articulación y cohesión social, y la oportunidad de participar en proyectos colectivos de éxito.

4.- La intervención sobre el cortijo no debe resolverse mediante proyectos y pliegos de condiciones para adjudicación de obra o concesión de gestión de servicios.Tenemos demasiados equipamientos interpretativos cerrados. La intervención que se requiere es aquella, en forma de proceso, en la que la sociedad pueda reencontrarse gozosamente con este elemento de su patrimonio. Es una gestión de oportunidades culturales, de agenda de actividades. Es una gestión a la que nunca nos hemos enfrentado, y hay dudas esenciales sobre su desarrollo, impulso, liderazgo. Pero es el enfrentamiento a esas dudas, y su superación práctica, la que nos permitirá madurar y asignar al patrimonio el auténtico valor potencial que los especialistas reconocen, pero que la sociedad no acaba de hacer suyo.

5.- Las intervenciones materiales, físicas, deben desarrollarse gradualmente, y a medida que la agenda de participación social vaya exigiéndolas.

6.- Las formas de gestión están completamente abiertas, tanto para la disponibilidad del bien como para el desarrollo de la agenda cultural. No suponen una condición “sine qua non”, ni son previas a la acción sobre el Cortijo.

7.- Las formas de participación e impulso social de las iniciativas también están expeditas. No hay ningún obstáculo para empezar a trabajar en esta línea.

En definitiva, el obstáculo para trabajar de una forma estratégica para que los valores de nuestro patrimonio nos fortalezcan como sociedad está en nosotros mismos. Somos nosotros (todos) los responsables de este espectáculo deprimente y penoso de incapacidad colectiva.

Y todo por la dificultad para entender un hecho simple: no somos nosotros quienes debemos salvar al Cortijo del Fraile. Es el Cortijo del Fraile (y por extensión, todo nuestro patrimonio) quien debe salvarnos. Somos nosotros los que necesitamos una redención; es nuestro propio deterioro el que está dificultando el enfrentamiento con nuestros retos. Y los elementos del patrimonio son oportunidades para unirnos en torno a procesos colectivos de apropiación y de vivencia, en torno a liderazgos colectivos, de proyecto.

Una manera de ser andaluz

Nunca me he caracterizado por mi fervor andaluz. Mi inclinación identitaria, muy potente, no encaja en esa circunstancia político-administrativa: encaja en el sureste, como región sentimental, en Almería como espacio de referencia, y, muy especialmente en Níjar, la forma más extrema de ser almeriense y del sureste. A estas escalas se refiere mi sentido de pertenencia.

Tengo recuerdos juveniles de la emersión de la identidad oficial andaluza, bastante a rebufo de la eclosión nacionalista de la transición, y, básicamente, como una manera de “no ser menos” entre el elenco de lo que luego serían Comunidades Autónomas. Así que, por motivos de edad, he tomado conciencia de ser en un momento en que Andalucía era absolutamente irrelevante como elemento identitario. Mi identidad originaria estaba más relacionada con la pertenencia a una tierra dejada de la mano de Dios, “en el culo del mundo”, como solía decirse. Una pequeña ciudad esquinada, en la que con frecuencia se hablaba del traslado a Granada de algún enfermo. Granada era una especie de puerta de entrada al mundo, que nos esperaba a los almerienses de la época que estábamos llamados a cursar estudios superiores.

Aprendí a amar Granada, una ciudad tan fascinante para un visitante como hostil para el que tiene que vivirla. Mis derroteros profesionales como geógrafo me han llevado a recorrer toda Andalucía, y a participar en algunos proyectos territoriales de escala regional (ordenación del litoral, red de miradores…). También a vivir intensamente rincones de la región como la Sierra de Segura en Jaén o el Condado de Huelva. He podido disfrutar de la diversidad de una región extensa y muy contrastada, a medida que Andalucía se convertía en mi mercado profesional “natural”, ya que mi dedicación a la consultoría territorial para administraciones públicas me vinculaba crecientemente con políticas regionales.

He hecho excelentes amigos en todas partes de Andalucía, y especialmente en Sevilla. A través de su mirada he podido comprender otras identidades que conviven en la región. He construido un “mapa” mental de esas identidades, que, como todo lo que se manifiesta en el territorio es susceptible de ser observado en diferentes niveles de “zoom”: estando en Sevilla puedo hablar de una identidad almeriense (cosa que hago con frecuencia), pero si estoy en mi tierra, tengo que anotar las sustanciales diferencias entre un alpujarreño, un almanzorí, un nijareño o un velezano.

Como los almerienses arrastramos cierto estigma ante el resto de los andaluces por el famoso resultado del referéndum sobre el artículo constitucional en que debía desarrollarse la autonomía andaluza, con mucha frecuencia he sido emplazado a definirme sobre mi identidad. Sistemáticamente, he respondido: si se puede ser andaluz siendo como soy, no hay ningún problema; si tengo que cambiar para parecerme a algún arquetipo andaluz, entonces sí tendremos problemas.

En consecuencia, puedo predicar que mi manera de ser andaluz es ser almeriense. Me gusta bromear insinuando mi supuesto nacionalismo almeriense o nijareño. Contrariamente a lo que se dice, este nacionalismo mío no se ha curado viajando, antes bien, se ha hecho más preciso, más perspicaz; he aprendido de las diferencias.

La cuestión principal es si esta manera de ser andaluz –siendo almeriense- es o no pacífica. Manuel Castell señalaba que hay tres maneras de construir la identidad colectiva: una identidad legitimadora, una identidad de resistencia y una identidad de proyecto. La primera se refiere a la construcción institucional y a una supuesta identidad que legitima dicha construcción. La construcción institucional de la Junta de Andalucía se remite a una supuesta identidad andaluza legitimadora. Las identidades de resistencia se construyen mediante la lucha contra la marginación o la opresión. En los primeros momentos, la construcción de la identidad andaluza tuvo esta connotación, pero, tal como señala Ángel Acosta Romero (“Pensar Andalucía: la identidad andaluza desde el pensamiento complejo”. Comunicación en el VIII Simposio de la Asociación Andaluza de Semiótica), la implantación de la institucionalidad andaluza podujo el paso de la identidad de resistencia a la de legitimación, generando como subproducto nuevas identidades de resistencia de escala menor (competencia entre ciudades o entre provincias, todos contra Sevilla –menos Huelva-).

Lo que tenemos en falta es una identidad de proyecto y la gran pregunta es cuál sería la escala adecuada para esa identidad.

En este orden de cosas, tengo que dejar constancia de mi creciente incomodidad como almeriense, ante la manifiesta dificultad para encajar nuestras singularidades en el programa de gestión regional. No es solo un reproche al gobierno andaluz. También hay que señalar la falta de liderazgo y de peso político de nuestros representantes almerienses en las instituciones andaluzas. La promoción política de cualquier almeriense pasa por la sumisión a las políticas generales andaluzas, de donde proviene el poder de poner y quitar puestos. También hay que hacer un reproche a la debilidad de otros liderazgos almerienses, en el terreno social, empresarial, cultural. ¿Somos víctimas de la ley del número, de nuestra debilidad demográfica, de nuestro periferismo? ¿No somos, también, víctimas de nuestra propia idiosincrasia, de nuestra falta de fe en la posibilidad de construcción colectiva del futuro?

Para el resto de los andaluces, los almerienses somos un pequeño apéndice periférico: los ultramontanos, los orientales, los levantinos.

Pero ¿qué somos para nosotros mismos?. Hoy es fácil encontrar en las redes sociales espacios de exaltación de la identidad almeriense, como identidad de resistencia. Visito estos espacios con una mezcla de curiosidad y regocijo, pero acabo deprimiéndome cuando constato la insistencia en subrayar lo que no somos y la dificultad para definir nuestra identidad en positivo.

La cuestión que deberíamos plantearnos es si la resignación, la pasividad y el escepticismo son parte sustancial de nuestra identidad o si deberíamos sustituirlos por compromiso, dedicación y dignidad, materiales que necesitamos para construir una identidad de proyecto almeriense. Una identidad que, como decía sobre la mía personal, si puede darse dentro de Andalucía, no hay ningún problema, pero si tengo que renunciar a ella por pertenecer a Andalucía, entonces sí que tendríamos un problema. 

La trilogía del Fraile (I).

Esencia y simbolismo del cortijo del Fraile. Una aproximación histórica

En el llano sedimentario intracaldera que ocupa el cortijo de El Fraile se produce un contacto litológico mágico: las dacitas y andesitas volcánicas aportan sedimentos por el sur, levante y poniente. Un complejo arrecifal carbonatado hace su aportación por el norte. Los sedimentos generados a partir de roca madre de origen volcánico son ricos en nutrientes y muy reverdecientes por su condición ferruginosa, pero son sensiblemente impermeables, lo que dificulta el desarrollo horizontal del suelo. Los que provienen de carbonatos son ricos en calcio, muy porosos y sumamente permeables. La unión de ambos sedimentos constituye un sustrato excepcional, equilibrado y de gran aptitud agronómica.

Este llano sedimentario, integrado en el conjunto de El Hornillo, alberga en su subsuelo un acuífero detrítico de alimentación local, de reservas moderadas, pero suficientes para las explotaciones de baja intensidad que se han producido a lo largo de la historia. Los pozos de La Tórtola, el Fraile, Requena, el Madroñal, el Higo Seco, y las norias de Fernán Pérez (8) y Los Martínez, son los testimonios de la presencia de este acuífero, mientras que los numerosos aljibes ponen de manifiesto que no hay que dejar perder el agua de lluvia.

Antes de ser poblado, ya entrado el siglo XIX, el Hornillo había sido desde época califal un “invernadero”, un lugar donde llevar a pastar en invierno los rebaños de las sierras de lo que más tarde sería el reino de Granada. Desde la Reconquista, la administración de estos herbajes del campo de Níjar correspondía al concejo de la ciudad de Almería, que destinaba lo recaudado por su arrendamiento al mantenimiento de las murallas de la ciudad. A mediados del XVIII la villa de Níjar crea su propio concejo, que desde ese momento administra estos bienes pecuarios.  El Fraile era el nombre que recibía una de las majadas concejiles, seguramente en referencia a los frailes veedores, encargados de la administración de los rebaños de la Mesta del Reino de Granada, y estaría emparentado con el resto de los topónimos de la trashumancia (cerro del Fraile, Boca de los Frailes, Pozo de los Frailes, Cortijo de la Veedora, Loma del Bobar, Majada de las Vacas).

Durante el s. XIX, una serie de acontecimientos ponen fin al ciclo ganadero, estimulando la colonización agrícola de los campos de Níjar.

-          El decaimiento de los derechos de la Mesta, y su posterior extinción.

-          El fin de la inestabilidad geopolítica en el Mediterráneo Occidental, que venía fraguándose desde finales del XVIII.

-          La constitución de los municipios españoles (1822, 1833).

-          Sucesivas desamortizaciones, en especial la que afecta a la privatización de montes comunales o de propios (1855).

Se desarrolla un modelo territorial que se adapta a las contrastadas condiciones ambientales y agronómicas de esta esquina peninsular, y cuyas principales características son:

-          Es un modelo agrosilvopastoril, es decir, gestiona integradamente cultivos, aprovechamiento de monte y ganadería estabulada o semiestabulada.

-          La principal orientación agrícola es la cerealista, especialmente cereal de secano (de invierno), para lo que se despliega un conjunto muy significativo de equipamientos productivos.

-          La preparación del terreno mediante aterrazamiento con balates, las eras, trojes, graneros y hornos son los principales elementos de este equipamiento.

-          Otros cultivos complementarios son los frutales, en el borde de las paratas (olivo, almendro, higuera) y pequeños enclaves de huerta donde hay posibilidad de irrigación (junto a pozos, norias o aljibes).

-          La baja intensidad de las explotaciones produce un patrón de poblamiento de cortijos o cortijadas rodeadas de grandes vacíos entre ellas (la superficie necesaria para la reproducción de las funciones de estas unidades).

Es un modelo colonizador, de ocupación de un espacio hasta entonces vacío. La superación de la ganadería, muy enraizada en el Antiguo Régimen, no supone un exponente de modernidad. Al contrario, el tipo de estrategia agrícola de subsistencia en estos terrenos, “al filo de la navaja” por motivos climáticos, se emparenta con las prácticas de la revolución agrícola del neolítico.

En el mapa de Felipe Krame de 1735 se indica la existencia de una plantación de viña en este paraje, que estaba bajo la custodia de los dominicos de Almería. Unos años después, en el catastro de Ensenada aparece la descripción de la finca, en el paraje del Hornillo, dejando constancia de una edificación de pequeñas dimensiones.  La finca del Fraile, con las edificaciones que hoy conocemos, data del último tercio del XIX. La capilla se consagra en 1867, cuando la finca había recaído mediante diferentes procesos desamortizadores (Mendizábal en 1835-6 y Madoz en 1854-56) en la familia Acosta Oliver, desde las primeras adquisiciones de José María Acosta Bejarano, casado con Isabel Oliver y Cueto, de una adinerada familia virgitana. Las desamortizaciones de montes de propios en esta época (a partir de 1855) están en el origen de las grandes propiedades que se organizan en los campos de Níjar, que acaban en manos de la burguesía almeriense, que después de enriquecerse con negocios mineros y de exportación portuaria, habían vuelto a la propiedad de la tierra. El Fraile y El Romeral son ejemplos característicos de inversiones agrarias por parte de familias burguesas de la capital. Son la versión nijareña de las grandes transformaciones agrarias en torno al Canal de San Indalecio en el valle bajo del Andarax, donde esa efímera burguesía, devenida oligarquía agraria, desarrolla sus proyectos y su arquitectura representativa.

En los Campos de Níjar, estas fincas, de propietarios absentistas almerienses, se desarrollan según un modelo proyectual, técnico e ilustrado, y suponen unos islotes de modernidad en un océano neolítico. Esta dualidad de la estructura agraria nijareña, de pequeños propietarios en cortijadas dispersas con un horizonte de subsistencia, conviviendo con grandes explotaciones conectadas con mercados exteriores, será una constante hasta la llegada de la Colonización del siglo XX.

La traza, organización y desarrollo del programa productivo del cortijo lo diferencian claramente del resto de cortijos y cortijadas de su entorno territorial (Montano, la Cortijada, La Tórtola, el Campillo de doña Francisca, Requena, el Madroñal). La capilla es su elemento arquitectónico más singular. Pero, reconociendo esa singularidad, lo cierto es que su equipamiento productivo (eras, norias, pozos, aljibes, chiqueras) es común al resto de asentamientos rurales de baja densidad. Las condiciones agroambientales y las necesidades de la estrategia productiva se imponen y contribuyen de esta manera a crear una ambigüedad no suficientemente clarificada: ¿es el cortijo del Fraile un elemento representativo de la arquitectura rural nijareña o una singularidad en ese contexto?.

La respuesta a esta ambigüedad es relativamente sencilla.

La finca del cortijo del Fraile comparte con el resto de las explotaciones de su entorno la dedicación a un modelo agrosilvopastoril de base cerealista y un marco territorial que obliga a soluciones comunes respecto al agua. En cambio, se diferencia del resto de las explotaciones agrarias del entorno por su tamaño, su traza, su capitalización, su división del trabajo, las relaciones salariales entre propietarios, cortijeros y asalariados, y, especialmente, por su orientación a la generación de excedente, es decir, por su condición comercial.

En este marco social se desarrollan los hechos que dan lugar al conocido como “crimen de Níjar”. Dos familias se ponen de acuerdo en casar a sus hijos para reforzar la posición del clan en el control y explotación de fincas. La boda había de celebrarse en el cortijo de El Fraile. El pragmatismo y la lógica del clan chocan con los sentimientos de la contrayente, que decide huir con su verdadero amor. Es la rebelión de la libertad individual, encarnada por la novia, contra los designios utilitarios del clan. Pura modernidad, que, sin embargo, es truncada por la sangre. En una tierra donde la modernidad parece maldita, desde el fracaso del Embalse de Isabel II. Donde tanta modernidad frustrada ha acabado generando una especie de unamuniano sentimiento trágico de la vida, expresado en dichos populares como “aquí se estrellan los talentos” o en un cáustico “¿en qué acabará esto?” que suele expresarse en los momentos de gozo o bonanza.

Carmen de Burgos, tan sensible con los temas propios de la modernidad deseada para España, y, muy especialmente con los de la liberación de la mujer, encuentra en estos hechos motivo de inspiración en su obra “Puñal de Claveles”, esencialmente fiel a los sucesos del crimen de Níjar, pero construida narrativamente para subrayar la permanencia de una España profunda que no está dispuesta a aceptar la libertad individual, la libre expresión de los sentimientos.

Federico García Lorca conoce los hechos a través de la prensa, durante su estancia en la Residencia de Estudiantes. Los titulares que dan cuenta del suceso sirven para estimular una reflexión lorquiana sobre amor y muerte, en el marco de una pasión rural mediterránea. Un planteamiento mucho más universal, que no adquiere deudas con el relato de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Cortijo, sino que se vale de ellos para proyectar una gran tragedia teatral: Bodas de Sangre. Curiosamente, el reproche castizo insiste en que Lorca no estuvo en el cortijo, ni lo conocía, como si eso restara algo de valor a la producción teatral.

El Cortijo del Fraile ya está en el mapa, a través de la obra de Lorca y de la enorme proyección internacional de su figura.

Pero no acaba ahí su historia. Durante la Guerra Civil, en el cortijo de el Fraile se asienta una colectividad agrícola anarcosindicalista, hecho prácticamente indocumentado, y residenciado, a día de hoy, en memorias personales de niños de la época, afortunadamente aún entre nosotros.

Para cerrar el acercamiento histórico, hemos de reseñar la importante historia minera de la finca donde se ubica el cortijo. Esta finca se extiende hacia levante hasta las inmediaciones del pueblo de Rodalquilar, incluyendo en su perímetro gran parte del cerro del Cinto, epicentro de la explotación aurífera a cielo abierto de la última etapa de minería pública a cargo de la Empresa ADARO, del Instituto Nacional de Industria. También incluye el barranco de la Felipa, donde se situó la conocida como planta de Abellán, y el cerro de la Cruz, donde se encuentra la planta María Josefa, ambas de amalgamación por mercurio, y primeros antecedentes de la actividad metalúrgica en el coto minero de Rodalquilar. Pero lo más destacado del equipamiento minero de la finca es la planta Denver, planta de cianurización que se encargó de la elaboración de oro desde 1956 a 1966, año del cierre minero, situada en la zona más oriental de la finca, que linda con la finca pública de Rodalquilar.

El último episodio minero es el de la empresa St.Joe Transaction, que obtuvo un permiso de investigación minera en 1987, y que hasta 1990 estuvo tratando distintos estériles de la actividad minera pasada en una planta de lixiviación situada dentro de la zona agrícola de la finca del cortijo del Fraile. De hecho, la balsa de lixiviación forma actualmente parte del sistema de riego de la finca.

Estos  son los principales ítems del ser del cortijo del Fraile. Su interpretación simbólica es compleja, y sujeta a diferentes relatos o narrativas. Me interesa aquí destacar su papel pionero, su condición de frontera de la modernidad, que se expresa en el paso de la ganadería estacional a la agricultura, en el gran conflicto moderno que subyace en la historia del crimen de Níjar, en su vinculación con los distintos ciclos minero-metalúrgicos del distrito aurífero de Rodalquilar y en la utopía libertaria de la colectividad agrícola durante la guerra-revolución.

Seguramente el trance que ahora nos ocupa supone una nueva frontera, esta vez entre la modernidad y la posmodernidad: el tránsito de una sociedad absentista que construye instituciones huecas  a otra sociedad, convocada al protagonismo y reclamada como actor imprescindible del reencuentro con la identidad y con la memoria a través de su patrimonio.

Podemos y la refundación del PSOE

Últimamente estoy adquiriendo cierto complejo de oráculo político, por la mucha gente que me pregunta acerca de temas de actualidad, y, en especial, acerca de mi visión de la incipiente formación política “Podemos”. Por supuesto que estoy agradecido a la gente que confía en mi criterio, o que siente curiosidad por conocer mi opinión, y por ello me he planteado escribir esta entrada en mi blog. Pero, inmediatamente después de este agradecimiento, debo advertir que mi visión no siempre es amable o complaciente con las posiciones de quienes se interesan por ella, lo que me expone a riesgos que asumo, aunque a regañadientes, en aras a mi independencia intelectual, a la que creo deberme por encima de todas las cosas.

Al grano. Vengo observando la evolución política de mi entorno (en todas las escalas) desde una posición que conviene explicar, no solo para los que no me conocen, sino, sobre todo, para los que creen conocerme. Soy militante del PSOE, y me siento tan cómodo perteneciendo a esta organización que representa históricamente los anhelos de modernización del país, como frustrado por observar como la ejecutoria reciente de mi partido lo inhabilita como instrumento de la sociedad para avanzar hacia los fines que lo legitiman.

Desde esta perspectiva, vengo asistiendo a las “novedades” del panorama político con expectación, puesto que todo elemento nuevo puede abrir oportunidades para avanzar en el proyecto político estratégico que todo progresista de nuestro país debería reconocer.

Precisamente la actitud crítica hacia mi organización me permite identificar cuáles serían los elementos de novedad necesarios para avanzar en los objetivos de ese proyecto.

En primer lugar, convendría reconocer que el objetivo político básico, esencial, irrenunciable, y actualmente en falta, en nuestro país, es la formación de ciudadanos. Sin el empeño en ese propósito, ninguna organización debería merecer el calificativo de “política”. El fomento de los espacios de participación democrática, la gestión de los procesos complejos para que los ciudadanos puedan ser copartícipes de experiencias de éxito, la promoción de actitudes de empoderamiento real, constituyen elementos fundamentales de la política democrática en la actualidad absolutamente desatendidos por los partidos mal llamados políticos, incluido el mío. La ciudadanía es la primera institución democrática, sin la que nada democrático puede construirse.

En segundo lugar, es fundamental devolver el campo semántico de la “política” a la sociedad, y separarlo de todo lo que signifique el ejercicio de funciones delegadas (de gestión, de legislación, de supervisión…). El control democrático de esas funciones delegadas no existe si no es a través de una sociedad empoderada, dueña de la política. La confusión, tan nuestra, entre política y poder, nos condena a la dispersión y a la dependencia. La ruptura de esta confusión es la clave para la formación de ciudadanos. No se avanza en este proceso presentándose a las elecciones y obteniendo votos huecos, sino trabajando en la base social, creando estructuras políticas ciudadanas, fomentando la articulación social y la cohesión en torno a principios, valores y proyectos estratégicos. Los votos que se obtengan a partir de ese trabajo de base estarán, como el arma poética de Gabriel Celaya, cargados de futuro. La política democrática es el antídoto de la deriva oligárquica del poder.

En tercer lugar, el liderazgo debe desplazarse de las personas a los proyectos. Son los propósitos y su gestión los que generan liderazgos, no la fotogenia o la mercadotecnia. Una buena agenda de proyectos es el bagaje de la política democrática progresista. Es la elaboración e implementación de esos proyectos la que tiene capacidad de movilizar, de proporcionar experiencias creativas y estimulantes, la que debe permitir la promoción de nuevos liderazgos y la reafirmación del ejercicio de ciudadanía. El ejercicio político de los ciudadanos genera liderazgos colectivos, liderazgos de proyecto.

Estos tres propósitos vienen, lógicamente, de un diagnóstico de la situación. Mi diagnóstico, tan minoritario que casi lo calificaría de “inédito” es que el fracaso de nuestra transición desde un régimen dictatorial a uno democrático se evidencia en la incapacidad que hemos tenido entre todos de fomentar un posicionamiento ciudadano: no hemos facilitado para la población el entendimiento de cuáles son las claves para relacionarse con el poder en un ambiente democrático. Hemos preferido concurrir al mercado electoral dando por buena la actitud de los electores que recordarles lo mucho que tendrían que trabajar cada uno de ellos para jugar el papel correspondiente en una sociedad avanzada. Este es un fracaso del sistema político, pero, sobre todo y ante todo, es un fracaso colectivo en el que todos tenemos responsabilidades.

Ante esta evidencia caben, básicamente, dos posiciones: creer que esto solo se puede cambiar desde las instituciones públicas, es decir, previo asalto al poder, o creer que esto solo puede cambiarse desde la acción política de base, es decir, mediante el fomento práctico de la cultura democrática. Esto plantea un tema clásico en la izquierda española, que ha resuelto el dilema universal de si el objeto de la política es el acceso a los centros de decisión o el cambio social mediante un posicionamiento “pragmático”: las sociedades solo se cambian desde los boletines oficiales. Posiblemente sea así en sociedades maduras, compuestas por ciudadanos responsables, pero la mezcla de ese supuesto pragmatismo con nuestra inmadurez crónica acaba constituyendo un proyecto colectivo fallido, una democracia hueca.

Como imagino que a estas alturas este discurso les parece “extraterrestre”, voy a intentar reconectarlo con algunas cuestiones de actualidad.

Lo que corresponde con una situación presidida por la oquedad institucional y la proliferación de estructuras escénicas es creer que la política, lejos de ser un atributo de la realidad, pertenece al mundo del espectáculo. La entendemos, y convivimos con ella, como si fuera una teleserie, en la que, además, nos damos el lujo de intervenir en el desenlace (las elecciones), único momento en que ficción y realidad parecen darse la mano; eso sí, en forma de ritual (la votación).

La aparición de Podemos supone un novedad, en tanto que parece haber un guionista de nuestra teleserie que tiene capacidad de introducir nuevos elementos sin que medie nuestra decisión electoral. Este guionista es la quiebra de la confianza en un “contrato social” no explícito, que ha articulado nuestra convivencia desde la transición: la promesa de que el esfuerzo, el trabajo y el talento tendrían recompensa social. Cuando la situación de dificultad económica nos ha expuesto en nuestras miserias, y ha dejado palmariamente de manifiesto que ese contrato era tan hueco como todo lo demás, una parte de la sociedad, trabajadores y clases medias empobrecidas, ha dirigido su mirada hacia la política buscando causa y remedio de esta situación. La causa la han encontrado: un sistema político entregado a las oligarquías, tolerante con los abusos de los poderosos y poco sensible al sufrimiento de los débiles. Y andan buscando remedio, y ahí es donde tiene sentido el surgimiento y aparente fulgor de Podemos.

Lo curioso del asunto es que la deriva oligárquica del sistema político es una consecuencia directa del absentismo de la política democrática de estos sectores sociales que ahora se sienten traicionados y deciden irrumpir desairadamente en una escena política a cuya oquedad tanto han contribuido con su pasividad anterior.

¿Porqué no han optado por habitar las estructuras democráticas y gobernarlas hacia la virtud, en vez de contribuir a su deterioro con una autoexclusión que ahora se torna irrupción abrupta (superación del régimen del 78, nuevo proceso constituyente…)?

¿El régimen es perverso por su diseño o por la deriva oligárquica producida por la oquedad de sus instituciones, por el absentismo ciudadano de la vida política?

¿Cambiando el diseño del régimen obtendremos ciudadanos comprometidos y responsables, o ni siquiera serán necesarios porque la virtud estará en el diseño del nuevo régimen?

Los que militamos en una organización política como el PSOE desde una perspectiva progresista radical, como una expresión de nuestro compromiso ciudadano, hemos visto con impotencia como nuestra organización iba siendo absorbida por una oligarquía interna poco respetuosa con el juego democrático, reduciendo a la marginalidad a aquellos que cuestionábamos críticamente los “dogmas” recientes en torno a los que se creaban los liderazgos (ganar elecciones como única finalidad de la acción política). Al tiempo que asumíamos nuestra marginalidad interna, veíamos como nuestra militancia era despreciada y ridiculizada por una sociedad predemocrática o tardofeudal, que no concibe el compromiso y la necesidad de habitar los espacios democráticos. Muchos hemos intuido que nuestra posición en nuestro partido era marginal solo en la medida del absentismo de todos los progresistas que permanecían ajenos a la dinámica política de los partidos y degustaban la política como espectáculo, a través de los medios. Son los mismos que ahora nos acusan de ser una casta y nos desprecian como los causantes de nuestros problemas sociales,  y que han decidido que la nueva forma de hacer política consiste en que les votemos. ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité?

La cuestión es que, de una manera previsible, parte de la militancia crítica del PSOE se siente atraída por las formaciones políticas emergentes, y, desde luego, lo que ha sido el soporte social clásico de las opciones progresistas considera la posibilidad de apoyar a estos grupos, y, en especial, a tenor de las encuestas, a Podemos. Si a ello le añadimos que los dirigentes de Podemos han llegado a la conclusión de que para ganar elecciones hay que ser socialdemócratas, nos encontramos con un hecho singular, insólito, y muy interesante en nuestra escena política: Podemos es la refundación del PSOE.

Nunca he pensado en la política como espectáculo o perteneciente al mundo de la ficción, nunca me he considerado “hooligan” de ninguna sigla, y me considero solo vinculado por mis convicciones y por mi identidad intelectual. Me parece que la herramienta o plataforma política que se utiliza no es tan importante como tener una actitud crítica y no perder de vista los objetivos de una agenda política progresista a medida de las necesidades del país. Toda mi comprensión para quienes en la búsqueda de ese propósito, lícito y necesario, toman la difícil decisión de abandonar la militancia en una organización y se comprometen en nuevas plataformas.

Pero a mí ya me pilla un poco mayor, y he decidido seguir trabajando en mi organización, el PSOE, e intentar fortalecerla en su dinámica democrática para que vuelva a ser útil a la sociedad en el inacabado proyecto de modernización del país.

La transición y sus secuelas (II)

Política, poder y virtud. Orígenes de la anomalía democrática española.

Uno de los subproductos más característicos de nuestra transición, a mi juicio, mal llamada “política”, es, precisamente, el vaciamiento del campo semántico del término “política”, y su posterior relleno con fragmentos de significado como “perversión”, “corrupción”, “ambición”, más propios del campo semántico del “poder”. En términos lingüísticos, estamos ante la inauguración de un falso sinónimo. Confundimos la política con el poder, y eso nos impide entender la política democrática en una de sus dimensiones características, precisamente la de ser el antídoto ante los abusos del poder.

Estamos utilizando el nombre del remedio (la política) para referirnos a la enfermedad (la deriva oligárquica del poder). El resultado: estamos enfermos sin remedio.

Podemos polemizar sobre si nuestra transición merece el apellido de “política”. Si tendemos a confundir política con poder, seguramente nos parecerá acertada la adjetivación, puesto que lo que se produjo fue una adaptación completa y sistemática de las estructuras de poder. Pero si tendemos a identificar la política como la actividad de los ciudadanos para buscar las mejores formas de organización colectiva, convendremos en que esta transición no merece el apellido de “política”.

¿Y los partidos? ¿Merecen el apellido de “políticos”?

Los ciudadanos no deberían pretender que la virtud colectiva sea una cosa distinta de la suma de las virtudes individuales. Esa exigencia de virtud no puede dirigirse exclusivamente a los que tienen responsabilidades públicas, como si la privacidad fuese una especie de impunidad. Si en el ámbito de lo privado seguimos tolerando conductas poco virtuosas, será inevitable que cuando uno de los “privados” llegue a la responsabilidad pública, tenga la tentación de seguir aplicando su lógica privada. Y no hay que olvidar que todos los responsables públicos son, en origen, privados.

Pero el desprecio a la “política” palidece ante el desprecio a los “políticos”. La creación de ese sujeto mayestático es una de las claves para entender la anomalía democrática española.

Se denomina con este término tanto al legislador como al miembro de un ejecutivo, sea este nacional, regional o local. Tanto a representantes electos como a gestores seleccionados –supuestamente- por su perfil profesional. Pero nunca se considera “político” a un líder social, ni a un activo miembro de una asociación, ni siquiera al militante de un partido. La línea que separa en ese imaginario a los “políticos” de los que no lo son es la dedicación y la retribución por una actividad pública no funcionarial, y, paralelamente, la capacidad de influir, positiva o negativamente, en nuestras vidas (el poder).

Respecto a la dedicación y retribución de los “políticos”, comúnmente se considera que “viven a nuestra costa”, y no que “trabajan para nosotros”. Sin embargo, no está cuestionada su retribución, puesto que esta es la condición para una enajenación de la responsabilidad. De hecho, un pacto tácito de la transición es: “ahora vivimos en una sociedad democrática, con libertades y responsabilidades. La asunción de responsabilidades es una pesada carga, por lo que os proponemos que la deleguéis en quienes van a encargarse de desempeñarla en vuestro nombre”. A esta propuesta tácita le acompaña uno de los eslóganes de este reciente periodo: “los políticos están (estamos) para resolver problemas, no para crearlos”. Sin embargo, y paradójicamente, en los últimos estudios demoscópicos, una gran parte de la sociedad española considera a los políticos como un problema. Me temo que ese mismo porcentaje es el de los que consideran que “no es mía la culpa”. Se puede concluir que la frustración con los “políticos” no apunta tanto una denuncia del mal funcionamiento del sistema de delegación de responsabilidades, sino una crítica a la forma en la que estas se atienden. Es decir, se sigue reclamando la virtud ajena.

El tema de la responsabilidad es crucial para entender este permanente infantilismo democrático de la sociedad española. También lo es la permanencia de elementos tardofeudales en la cultura popular de esa misma sociedad.

Ambas cosas pueden ser abordadas narrativamente a través de la noción de la resistencia al poder característica de la sociedad española de los últimos siglos.

El hecho de considerar la posibilidad de delegar la responsabilidad es ya un indicador de inmadurez democrática. Esa responsabilidad es de los ciudadanos, y es indelegable, y constituye el fundamento de la soberanía. Otra cosa es que se deleguen tareas, o el ejercicio práctico e instrumental de las funciones democráticas. Pero la responsabilidad no se puede delegar. Cuando se delega la responsabilidad, se renuncia a la ciudadanía.

Vamos a tomar riesgos, para formular una hipótesis acerca de nuestra anomalía democrática.

Podríamos definir nuestro sistema democrático como un sistema tardofeudal. A falta de una revolución burguesa fundacional, nuestra adaptación a la modernidad consiste en que los vasallos elegimos al señor feudal, pero le exigimos que lo sea. El señor feudal es el único responsable de todo lo que nos pasa. Cuando no nos gusta lo que nos pasa, cambiamos de señor feudal. Este es un sistema que asegura nuestra autoestima, puesto que nunca somos responsables de nada. Es más, nuestra autoestima se reafirma en la desafección y el distanciamiento respecto a los que ejercen nuestras responsabilidades, debidamente transferidas a ellos mediante el sufragio y/o la retribución. Algunos biempensantes consideran que la desafección es un riesgo para nuestro sistema político. Cabalmente considerado, no solo no es un riesgo, sino que es un indicador de su correcto funcionamiento. La finalidad de todo el sistema es que nadie se sienta responsable de nada de lo que nos afecta a todos. Los responsables son los políticos.

La censura a los políticos y la corrección vía electoral de los protagonistas del poder y la responsabilidad no contiene ningún compromiso ni apoyo concreto a ningún programa de gobierno. Los votantes no admitimos que haya nada objetivo externo a nuestro vínculo con los gobernantes, un vínculo intuitivo, voluble y diseñado como mecanismo de protección de nuestros intereses individuales. Cuando estos se ven vulnerados, se censura electoralmente a quienes han osado interferir en nuestra dinámica individual. Los responsables de los partidos políticos saben que nunca ganarán elecciones recordando antipáticas obligaciones colectivas o llamando a un rigor que nadie está individualmente dispuesto a asumir. Es más, saben que recabarán apoyos mayoritarios cuando alaben a los votantes, su madurez, su inteligencia, y disimulen en sus presentaciones públicas las cosas que saben que tendrán que hacer, pero que no caen simpáticas a los electores.

Todo el sistema descansa en un acuerdo tácito acerca de la imposibilidad de lo colectivo. Lo colectivo no existe. Especialmente no existe como moderador de los intereses individuales, que, de esta manera, se presentan en toda su virulencia y vigor.

Si tenemos la individualidad, institución básica y fundamental de la modernidad, y tenemos el sistema democrático representativo, su forma esencial de organización, ¿qué nos falta, en qué radica nuestra anomalía democrática?

Pues nos falta, precisamente, una ética colectiva que incorpore la responsabilidad a los atributos de nuestra individualidad. Tenemos que tener confianza en que colectivamente podemos enfrentarnos a problemas y debilidades, y superarlos. Esto implica tener confianza en el otro, en los otros. Esta confianza, actualmente en falta, no puede basarse en una fe filantrópica, sino en un acuerdo de bases éticas sobre obligaciones y responsabilidad individuales básicas para que funcione lo colectivo.

Esta es nuestra transición pendiente. Es una transición social, cultural y política, que hasta ahora nadie ha impulsado, y cuya carencia apunta directamente a los partidos políticos, y su incapacidad para formar ciudadanía. Se dirá que los partidos reflejan la sociedad de la que surgen. Así debe ser, puesto que no somos extraterrestres, pero los partidos, y sus militantes, también debemos ser ciudadanos y formadores de ciudadanos, desde una sensibilidad, perspectiva ideológica o preferencia estilística concretas, que no pueden permanecer indiferentes ante esta anomalía de nuestro funcionamiento democrático.



julio 2014

A propósito de la ampliación de elBulli

Legalidad y excelencia en el territorio

Reflexiones a propósito del debate sobre la ampliación de elBulli

La lectura en el periódico EL PAÍS (Revista Domingo 5 de octubre de 2014) del artículo “elBulli, patrimonio nacional” me ha facilitado una poderosa imagen para ilustrar algunas reflexiones sobre ordenación y desarrollo del territorio, que trascienden ampliamente el ámbito de la preocupación profesional. Esto es lo que me anima a hacerlas públicas.

Lo que resume estas reflexiones es la necesidad de reconocer la complejidad como uno de los atributos del territorio, y la incertidumbre como una constante en la toma de decisiones sobre su ordenación.

El carácter volátil, sutil y tornadizo del territorio, tan alejado de la dimensión físico-material que las legislaciones que regulan su ordenación le asignan, está en la base de la dificultad para su correcta articulación y conexión con las aspiraciones sociales.

Me cuento entre los que consideran que elBulli marca un hito en la modernización del país, que es un símbolo de nuestra creatividad, originalidad, talento, laboriosidad y sentido lúdico y hedonista de la vida. Una auténtica vía mediterránea a la modernidad: justo lo que, a mi humilde entender, necesitamos desde hace varios siglos. No sé si somos una mayoría o una minoría los que así pensamos, como tampoco sé si lo son los que combaten contra estos hitos, símbolos y vías. Pero sé que existen, y que el pensamiento castizo, que confunde la tradición con la incultura, suele cebarse en proyectos, personas o aptitudes que representan estos valores. Pero no es esta la cuestión.

Los que conocemos el ejercicio profesional  y la práctica institucional de la planificación territorial sabemos de la enorme capacidad de distorsión de las culturas territoriales que tienen los instrumentos de planificación, incluso con la mejor de las intenciones. Somos conscientes, además, de las grandes carencias que rodean estos procesos de planificación (conceptuales, metodológicas, instrumentales, y, sobre todo, carencias de complicidad social). Pero, lejos de sentirnos convocados a la humildad, con frecuencia nos convertimos en cómplices necesarios de un proceso de fosilización de los territorios, repugnante en sí mismo, y despreciable por las fricciones y conflictos que innecesariamente genera.

Nuestra técnica de planificación se basa en la zonificación (hay que saber con precisión cuál es el régimen jurídico aplicable a cada metro cuadrado de terreno); comúnmente, en la elaboración de un listado de usos y actividades compatibles e incompatibles para cada una de las zonas de ordenación, y, finalmente, en unos parámetros físicos que deben cumplir las actividades consideradas compatibles. El resultado de esa técnica de planificación es que es prácticamente imposible que un proyecto original, innovador y absolutamente coherente con cualquier estrategia de desarrollo territorial basada en la excelencia, pueda ser autorizado.

Hubo un tiempo en el que los planificadores, conscientes de las imperfecciones y rigideces que introduce en el territorio esta forma de planificación, incorporaban algunos elementos de flexibilidad. Con respecto a la zonificación, se salvaba su falta de precisión con preceptos del tipo “si en una finca o predio su naturaleza es distinta a la de la zona en la que está incluida, prevalecerá la condición real de la finca, siendo de aplicación la norma que mejor encaje con esa condición real”. Para dar flexibilidad al listado de usos y actividades compatibles, se solían añadir como autorizables “las actividades que sean declaradas de utilidad pública o interés social”.

La evidencia de que la tarea de reconocer la auténtica naturaleza de cada una de las fincas era titánica y el frecuente abuso de unas declaraciones de utilidad pública o interés social que nunca han estado bien reguladas, acabaron con estas fórmulas de flexibilidad que reflejaban la humildad de los planificadores o la conciencia de la debilidad de sus instrumentos, pero que la opinión pública acabó considerando puertas de entrada a la arbitrariedad o el abuso.

En los espacios protegidos,  los planificadores se sienten obligados a operar con una moral más restrictiva que en el resto del territorio. Pero con las mismas técnicas de planificación, lo que hace que los territorios sobre los que ha recaído cualquier declaración de protección resulten especialmente esclerotizados, fosilizados, hasta el punto de convertirse en extraños museos de sí mismos y de su creciente decrepitud.

Esta práctica planificadora, que es reciente, refleja una tradición más profunda, la legislativa, tan característica de nuestra cultura colectiva (política). El legislador opera con la certeza de que su producto va a ser bordeado o burlado no ya por la pequeña porción de delincuentes que toda sociedad alberga, sino por la sociedad en su conjunto. El resultado: una legislación tan prolija, desconfiada y esclerótica que no deja a los legislados otra posibilidad que intentar bordearla para poder continuar con su vida cotidiana. Un auténtico círculo vicioso, que tiene su origen en un tic premoderno que tan bien define lo que somos: nosotros, como sociedad, no tenemos conciencia de ser fundadores del poder. En consecuencia, no entendemos las leyes como instrumentos que emanan de nuestra voluntad de tener una vida digna, sino como designios de un poder exógeno que nos precede y nos sucederá.

¿Cómo se entiende, entonces, la invocación del cumplimiento de la norma (ley, decreto, plan…) para paralizar cualquier iniciativa que pueda plantearse en el territorio, con independencia de su idoneidad o incluso de su excelencia? Habrá que admitir, siquiera como hipótesis, que no creemos en la posibilidad de la excelencia, o, al menos, desconfiamos de ella. Además, y esto es determinante: no hay un mínimo acuerdo social sobre las condiciones que algo debe cumplir para ser considerado excelente. En realidad, no hay un mínimo acuerdo social sobre casi nada, porque todos preferimos una “navegación” libérrima por la manga ancha que reconocer el canal de navegación a que nos obliga nuestra vida en comunidad.

No creer en la posibilidad de la excelencia es la condición para un pacto tácito por la mediocridad, que, hablando de posicionamiento social ante el territorio, consiste en el desprecio por la música (la búsqueda de la excelencia territorial) y la exaltación del instrumento (el plan o cualquier otra herramienta de ordenación).

Renunciamos a los riesgos de la búsqueda de la excelencia por una garantía tenue de que nadie va a engañarnos. Cuando algo es ilegal, se le considera perverso. ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal? Sin embargo, habremos de admitir que la legalidad no es el camino hacia la excelencia, sino un marco de garantías para evitar abusos.

¿Alcanzaremos alguna vez la madurez suficiente para entender que la búsqueda de la excelencia no solo es posible, sino que es una obligación esencial, constituyente de nuestra condición social, de nuestra condición de hacedores de territorios, y que no deberíamos admitir que se promulguen normas que la hagan imposible?

¿Entenderemos alguna vez que la actitud sana ante el riesgo o la incertidumbre en la decisión territorial no es el blindaje de la norma, sino la socialización de esa decisión, y de sus riesgos e incertidumbres?

¿Seremos capaces de articular mecanismos para hacer eficaz la vigilancia social ante los abusos sin someter al territorio a una odiosa congelación?

El nivel de excelencia de Ferrá y Soler y de su marca elBulli les sitúa fuera de las fricciones del mapa: podrían ponerse donde quisieran, de forma que su éxito no va a depender de su ubicación. Así lo atestiguan las numerosas ofertas para el emplazamiento de su proyecto. El hecho de que sus promotores tengan preferencia por su ubicación original no cabe achacarlo a que cuenten con la propiedad de la finca, sino a evidentes motivos simbólicos y sentimentales. En todo caso, no es eso lo que debería conmovernos (movernos entre nosotros y con ellos). Lo que debería movilizarnos es la evidencia de que el prestigio, excelencia e incorporación de valor al territorio que el desarrollo de este proyecto produciría es un interés estratégico, colectivo, y que los riesgos de desbordamiento de la afluencia son, simplemente, un reto de gestión normal y propio de cualquier territorio, con las especiales connotaciones de un espacio protegido, al que los gestores de ese territorio deberán atender.

Bajando la escala, hay que admitir que no toda edificación es un impacto paisajístico, ni siquiera que ese impacto dependa del porcentaje de aumento de techo sobre el existente, sino de condiciones de calidad proyectual, que en parajes como el que nos ocupa remiten al resultado paisajístico. Esa condición de calidad no se consigue con el cumplimiento de los parámetros físicos de la ordenanza o zonificación, que, en el mejor de los casos, garantizarían que no se construyeran bodrios fuera de escala, sino con oficio, con compromiso, con sensibilidad, es decir, con excelencia. De nuevo la legalidad y la excelencia.

Una visión simple del efecto de las normas señalaría que, puesto que su finalidad es separar lo que se puede de lo que no se puede hacer, cualquier cosa que quede fuera de lo autorizado es despreciable, odiosa o sospechosa. La realidad es un poco más compleja. Los parámetros de la norma señalan un umbral de tolerancia que pretende regular una serie de usos, actividades e intensidades, que por efecto de esa norma consideramos “normales”. Lo que queda fuera de ese umbral de normalidad no es una sola anormalidad, sino dos anormalidades diferentes y opuestas. Por uno de sus lados,  los usos abusivos o inadmisibles; por el otro, los usos excelentes. Al perseguir el abuso, prohíbe la excelencia.

Volviendo a nuestro caso, la rigidez de nuestro ordenamiento territorial obliga a que la Generalitat tenga que promulgar una ley específica para dar cobertura legal a este proyecto. Esto es tan aparatoso que, inevitablemente, mueve al recelo.

Lo que deberíamos exigir al legislador o al planificador es que elabore instrumentos que nos libren de los abusos inadmisibles, pero que hagan posibles, con las garantías necesarias, los usos excelentes. Y aquí es donde aparece la cuestión central, solo aparentemente técnica: ¿quiénes y cómo deben valorar la excelencia o singularidad de una iniciativa o proyecto para admitirlos aunque no entren dentro del umbral normativo?

Se me ocurren múltiples y diversas soluciones, desde las más tecnocráticas a las más democráticas, pero creo que mi obligación se cumple señalando que en el enfrentamiento a esta pregunta, y no en su respuesta, está la posibilidad de la madurez ciudadana: los riesgos y las incertidumbres de las decisiones territoriales nos pertenecen, y tenemos que asumirlos. En su complejidad.

Esto sería lo normal en una sociedad democrática y avanzada. El que no sea así en nuestro país indicaría que no somos tan democráticos o tan avanzados como nos gusta creer. Pero la cuestión es que esas sociedades envidiables no lo son por un designio de la divina providencia, ni por obra de ningún azar, sino, precisamente, porque se han enfrentado a complejas disyuntivas aceptándolas como propias, y no han dejado que nadie las usurpe alegando su complejidad.

Octubre 2014